Salamé abandona su puesto mientras existe una falta de consenso para elegir a su sucesor. En caso extremo de vacancia, el sucesor sería su primer adjunto en el cargo, el vicegobernador Wasim Mansuri, según la Ley Monetaria y de Crédito de El Líbano, pero varios de los gobernadores adjuntos han amenazado con dimitir si el sucesor no es nombrado como es debido.
Salamé, de 72 años, criticado ampliamente por acatar las órdenes de Estados Unidos e implementar una política monetaria que ha empujado la economía del país hacia un atolladero, es imputado en El Líbano por varios delitos económicos, entre ellos malversación de fondos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.
Asimismo, es objeto de investigación en varios países europeos por haber malversado varios cientos de millones de euros de fondos públicos libaneses para adquirir numerosas propiedades en el extranjero, particularmente en Europa.
A principios del mes en curso, la Justicia francesa ordenó confiscar a petición del Estado libanés una serie de bienes pertenecientes a Salamé. Además, un tribunal galo emitió una orden de detención internacional contra el economista.
Salamé ha rechazado todas las acusaciones en su contra, y ha afirmado ser víctima de una supuesta trama mediática para desprestigiarle. La importante figura económica libanesa ha responsabilizado, a su vez, a las autoridades del país por la profunda crisis política y económica que vive la nación.
El hermano de Riad Salamé, Raja, también está implicado en varios casos de corrupción y ya fue detenido en febrero, acusado de malversación de fondos y lavado de dinero, al igual que la ciudadana ucraniana y excompañera de Riad, Anna Kosakova, propietaria de una de las empresas que se habría beneficiado de esta trama.
Desde el Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, se intenta aprovechar el caso de Riad Salamé y vincularlo al Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), y culpar así a la Resistencia libanesa de la galopante crisis que atraviesa el país mediterráneo.
Sin embargo, el movimiento libanés rechaza todas las acusaciones en su contra y critica la política de máxima presión de EE.UU. y la considera la primera razón del empeoramiento de la crisis económica de El Líbano.