En una reciente declaración emitida por el Gobierno de Nicaragua, se aborda la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 19 de noviembre de 2012, que delimita la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua en el Mar Caribe hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base de las costas nicaragüenses. En dicha sentencia, Colombia se negó a cumplir con lo establecido y posteriormente denunció el Pacto de Bogotá, en un intento por evitar que Nicaragua pudiera recurrir nuevamente a la Corte para denunciar las violaciones a los derechos soberanos y los espacios marítimos nicaragüenses en el Mar Caribe.
Ante esta situación y antes de que entrara en vigor la denuncia del Pacto de Bogotá, el Gobierno de Nicaragua presentó dos demandas contra Colombia ante la CIJ en 2013. En 2014, Colombia presentó objeciones preliminares a la jurisdicción de la Corte y solicitó que se declarara incompetente para conocer las demandas presentadas por Nicaragua en su totalidad. Sin embargo, en 2016 la Corte rechazó las objeciones preliminares de Colombia y anunció su competencia para conocer ambos casos.
En la primera demanda, Nicaragua expuso ante la Corte las violaciones por parte de Colombia a los espacios marítimos nicaragüenses, tal y como habían sido reconocidos en el fallo del 19 de noviembre de 2012. En su sentencia del 21 de abril de 2022, la Corte aceptó las demandas de Nicaragua y declaró que Colombia implementó una política de estado que violó la jurisdicción y los derechos soberanos de Nicaragua. Asimismo, ordenó a Colombia cesar su conducta ilegal y confirmó que Nicaragua no ha violado ningún derecho de pesca histórico de la población raizal del Archipiélago de San Andrés y Providencia. La Corte también reconoció el gesto positivo del Gobierno de Nicaragua al expresar interés en abordar bilateralmente, a través de un acuerdo, la situación de la población raizal del Archipiélago.
En cuanto a la segunda demanda, la cual ha sido objeto de pronunciamiento reciente por parte de la Corte, se refiere a la delimitación marítima más allá de las 200 millas. En este sentido, la Corte reafirmó el derecho de Nicaragua a sus 200 millas de zona económica exclusiva y plataforma continental con todos sus recursos naturales intactos, según había sido determinado desde 2012. La Corte determinó que un estado tiene derecho a la totalidad de sus 200 millas de plataforma continental, pero que una plataforma continental más allá de las 200 millas no puede recortar las 200 millas de otro estado.
Dado que este tema no estaba resuelto en la Convención de Derecho del Mar, la Corte tomó su decisión basándose en la práctica de algunos estados que consideró establecían una nueva norma de derecho consuetudinario.
La sentencia emitida por la CIJ aborda áreas de la plataforma continental de Nicaragua que se extienden más allá de las 200 millas y que afectan las áreas dentro de las 200 millas de Colombia. Sin embargo, es importante destacar que la sentencia no afecta los derechos de Nicaragua sobre su plataforma continental más allá de las 200 millas en otras zonas del Caribe.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua reafirma su firme compromiso con el Estado de Derecho a nivel internacional y la solución pacífica de las controversias entre los Estados. Además, reconoce esta sentencia como firme, definitiva y de obligatorio cumplimiento. En particular, Nicaragua desea hacer notar que su recurso ante el más alto Tribunal de Justicia y la reiterada presencia de Nicaragua ante dicho Tribunal desde 1984 son muestras palpables de ese compromiso. Asimismo, Nicaragua espera que Colombia reconozca el valor y la eficacia de todas las sentencias de la Corte, en particular la sentencia dictada en 2012.
En conclusión, el Gobierno de Nicaragua se ha pronunciado sobre la sentencia de la CIJ y reafirma su posición respecto a los derechos soberanos y los espacios marítimos nicaragüenses en el Mar Caribe. Esta sentencia representa un paso importante en la resolución de las controversias entre ambos países y subraya la importancia del respeto al Estado de Derecho y a los mecanismos internacionales para la solución de conflictos.