Fue aprobada con 67 votos, 9 en contra y 3 abstenciones.
El Congreso de El Salvador, aprobó este martes la decimosexta ampliación de 30 días para el polémico régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales de los ciudadanos.
El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, pidió el martes al Congreso una nueva prórroga del régimen de excepción, que mantiene suspendidos derechos constitucionales desde hace más de años con una política de mano dura contra las pandillas, a las que acusa de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano.
La votación, se dio en medio de una discusión entre el partido oficialista Nuevas ideas, que aboga por aumentar la seguridad en las comunidades y la oposición, que denuncia torturas en prisiones, muertes de pandilleros y detenciones arbitrarias.
Francis Merino Monroy, ministro de Defensa, afirmó que los resultados del régimen de excepción son palpables y ofreció un balance de los resultados, desde marzo del 2022, han sido capturados 71.479 delincuentes, se han incautado 3.001 armas de fuego, 4.690 vehículos y 17.359 teléfonos celulares.
Esta medida entró en vigencia el 26 de marzo del año 2022 y fue decretada a raíz de un llamado de emergencia que hizo el mandatario al Poder Legislativo, luego de una escalada de violencia que dejó solo ese día 62 personas asesinadas y en menos de una semana, un saldo de 87 víctimas mortales en manos de pandillas, sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que durante la aplicación del régimen de excepción las fuerzas de seguridad han cometido más de 5.000 abusos contra la población.
El gobierno de Bukele, también presentó ante el Congreso una iniciativa para reformar Ley Especial Contra el Crimen Organizado para aumentar en dos tercios la pena máxima de 45 años de prisión contra los cabecillas de estas estructuras criminales conocidas como maras o pandillas.
Además pidió aprobar disposiciones transitorias para procesar a los capturados durante el régimen de excepción “por estructuras”. Las pandillas están formadas por grupos o clicas y el gobierno buscan poder enjuiciarlos de forma conjunta.
