El ingreso de los militares fue aprobado por el Congreso peruano el 19 de mayo pasado.
El Gobierno de Perú, autorizó el ingreso su territorio a más de mil militares de Estados Unidos, así como medios aéreos y náuticos, con la finalidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Los militares estadounidenses realizarán operaciones especiales con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta (Cioec). Además, ejecutarán actividades con las Fuerzas Especiales Conjuntas (FEC), las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Marina de Guerra, el Grupo de Fuerzas Especiales (Grufe) de la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fuerzas Especiales (Diroes) de la Policía Nacional.
Los entrenamientos se efectuarán en Lima, Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac.
Los militares estadounidenses llegarán al país suramericano en diversos grupos, en fechas comprendidas entre el 1ro. de junio y el 31 de diciembre de este año. El mayor de ellos lo integrarán 970 efectivos de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial y las Fuerzas Especiales que, además de sus armas reglamentarias, contarán con aviones, camiones y botes de respuesta rápida, para tomar parte en la maniobra “Resolute Sentinel 2023”.
La decisión del Ejecutivo y el Legislativo también fue cuestionada por otros referentes. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú (CGTP), Gerónimo López, calificó este hecho de injerencia extranjera inadmisible y aseguró que encubrirá la presencia en la región de bases militares de Washington.
Por su parte, Anahí Durand, exministra de la Mujer, opinó que la decisión de Boluarte socava la soberanía nacional y sigue a la entrega al capital extranjero del litio y otros recursos.