El presidente del país centroamericano promovió un estricto estado de excepción en nombre de su «guerra contra las pandillas», que ha reducido sustancialmente la criminalidad.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador cumple un año sin homicidios, un dato que según él–convierte al país centroamericano en «el más seguro de Latinoamérica».
«Cerramos el 10 de mayo de 2023, con 0 homicidios a nivel nacional. Con este, son 365 días sin homicidios, todo un año». Escribió en las redes sociales. El país, que frecuentemente aparecía entre las estadísticas de violencia, lleva más de un año en régimen de excepción para combatir a las pandillas.
El mandatario acompañó el mensaje con un video hecho por el gobierno, en el que se destaca ese dato como «un logro sin precedentes» en la historia de El Salvador, «el país que antes era el más violento de todo el mundo» y que llegó a vivir con «promedios de 30 homicidios diarios».
Según el video, la cifra de homicidios se redujo drásticamente gracias a la Política de Control Territorial impuesta en 2019, además de «la guerra a las pandillas y el régimen de excepción» aplicados a principios de 2022.
El miércoles, Bukele compartió la estadística de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, en la que se podría leer que el martes no hubo ningún homicidio en el país. Sin embargo, en las mismas gráficas se registraban asesinatos en por lo menos dos días de mayo.
En un comunicado de abril, la PNC dijo que ese mes había sido el más seguro de la historia, con 24 días con cero homicidios. En las otras seis jornadas sí hubo muertes violentas.
Según medios locales, los resultados de la política de Bukele responden al hecho de que el conteo de las autoridades no toma en cuenta como homicidios a las muertes de supuestos pandilleros en «enfrentamientos» con las fuerzas de seguridad. Por esa razón, los detractores de Bukele suelen acusarlo de maquillar las cifras.
El estricto estado de excepción promovido por Bukele, aprobado por el Legislativo, entró en vigencia a finales de marzo de 2022 y fue decretado tras una escalada de violencia que dejó en un solo día 62 personas asesinadas y un saldo de 87 víctimas mortales en manos de pandillas, en menos de una semana.
La medida conllevó detenciones masivas y suspendió derechos constitucionales, como el de la inviolabilidad de las telecomunicaciones, y extiendió la detención administrativa de tres a 15 días.
Varias organizaciones, como Amnistía Internacional, denuncian que el estado de excepción, que ya ha dejado más de 68.000 detenidos, viola los derechos humanos, debilita el estado de derecho y se ha saldado con más de 130 muertos «bajo la custodia del Estado», sin que fueran «declarados culpables de ningún delito».
Del mismo modo, advierten de que las fuerzas de seguridad habrían cometido más de 4.500 abusos contra la población, entre detenciones arbitrarias, acoso, amenaza, violencia sexual, torturas y lesiones personales.