La agencia estadounidense insiste en estrechar la cooperación en materia de seguridad con el Gobierno del presidente López Obrador para poner un alto al tráfico de drogas.
Desde el comienzo de su Administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó dar un cheque en blanco a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para operar en México.
Según el mandatario, la agencia estadounidense ha atentado contra la soberanía de la nación latinoamericana en años anteriores, por ejemplo, cuando llevó a cabo el Operativo ‘Rápido y Furioso’ durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
También ha acusado a la agencia de contubernio, por haber guardado silencio ante el incremento de la inseguridad y la violencia, en ese mismo sexenio, producto de una «estrategia fracasada» en el área de la seguridad.Imputaciones en contra de agentes y altos mandos por cometer diversos delitos y establecer contacto con abogados de capos han terminado por revelar que, en realidad, razones no le han faltado al mandatario para mantener reservas hacia la agencia.
Con el objetivo de regular el despliegue de agentes estadounidenses en territorio nacional, una de las medidas más contundentes que tomó López Obrador fue enviar una iniciativa al Congreso, a finales de 2020.
Cabe destacar que esa propuesta que fue aprobada sin cortapisas se presentó después de que Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), fuese arrestado en Los Ángeles, California, tras ser acusado de tener vínculos con el crimen organizado producto de una investigación a cargo de la DEA.
Una vez que los cargos fueron levantados en EE.UU., el caso pasó a manos de la Fiscalía General de la República que, al cabo de unas semanas, informó que no existían pruebas suficientes para sostener los señalamientos.
Ya con la exoneración de la Fiscalía, López Obrador salió en defensa del alto mando militar, arremetiendo contra la DEA, a la que acusó de haber «fabricado delitos».
En su relación con Washington, ese desencuentro provocó uno de los momentos más tensos para el Gobierno de la denominada Cuarta Transformación.
La cadena de desencuentros ha sido larga. Para EE.UU., la estrecha cooperación con Gobiernos anteriores (y sin resistencias) se terminó convirtiendo en un ‘estira y afloje’ para conseguir imponer la agenda en materia de seguridad.
Por otra parte, el informe de la Fiscalía sobre el caso no fue bien recibido en México, ya que se lo consideró una maniobra política por parte del Gobierno para evitar entrar en conflicto con el Ejército, una institución que ha venido cobrando un protagonismo cada vez mayor en este sexenio.
La cadena de desencuentros ha sido larga. Para EE.UU., la estrecha cooperación con Gobiernos anteriores (y sin resistencias) se terminó convirtiendo en un ‘estira y afloje’ para conseguir imponer la agenda en materia de seguridad.
Otra de las medidas tomadas por el Gobierno de López Obrador fue desmantelar un cuerpo de seguridad en el que participaban elementos de la DEA. De acuerdo con el mandatario, esta unidad especializada había sido penetrada por la delincuencia y el crimen organizado.
«Se tomó la decisión de deshacer este grupo. Sigue habiendo cooperación, pero ese grupo que supuestamente era de alto nivel estratégico estaba infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos». Declaró en febrero de este año.
No es el único caso en el que la DEA ha sido blanco fácil de grupos criminales. En el oscuro historial del organismo se ha revelado que varios de sus agentes han cometido delitos, según investigaciones realizadas en EE.UU., mientras sus altos mandos han estado en estrecho contacto con abogados defensores de capos.
Quienes trabajan para la DEA, que entre sus tareas tienen la investigación y persecución de personas que se dedican al cultivo, fabricación o distribución de sustancias ilícitas, no han estado exentos de recibir acusaciones por comisión de delitos, así como de mantener contacto con abogados que defienden a grupos criminales.
Paradójicamente, en EE.UU. no fue motivo de escándalo que, en noviembre de 2021, Nicholas Palmeri, en ese entonces director regional de la DEA en México y Centroamérica, fuera despedido por mal uso de recursos y reuniones con litigantes vinculados con el narco.
De acuerdo con una investigación llevada a cabo por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, Palmeri había intentado utilizar fondos de la DEA para financiar una fiesta de cumpleaños y comprar artículos no autorizados.
Como parte de una investigación simultánea, la propia DEA comenzó a seguirle la pista a Palmeri que –según The Associated Press y The Washington Post– descubrió al exagente de policía de la ciudad de Nueva York disfrutando sus vacaciones junto a abogados defensores de narcotraficantes y lavadores de dinero.
Uno de esos abogados, de acuerdo con los resultados de la investigación, era David Macey, quien habría recibido a Palmeri y su esposa en Los Cayos, Florida.
El de Palmeri, quien duró solo 14 meses en el cargo, no ha sido el único caso en el que la honorabilidad de la DEA ha terminado abollada en los tiempos del Gobierno de López Obrador.
Uno de sus agentes, José Irizarry, fue sentenciado a 12 años de prisión en EE.UU. por varios delitos, entre ellos, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad. Este caso tampoco fue motivo de escándalo en la Unión Americana.
Por otro lado, hay que destacar que Palmeri llegó al puesto en un momento clave. Justo en esas fechas, López Obrador ya perfilaba un plan para acotar el margen de maniobra de la DEA en México. Desde Washington había que disuadirlo de seguir adelante.