La empresa española responsable de recopilar información y remitirla a la inteligencia estadounidense había sido contratada por el Gobierno ecuatoriano para encargarse de la seguridad de la sede diplomática.
La empresa contratada por el servicio de inteligencia de Ecuador para garantizar la seguridad de su Embajada en Londres cuando el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se encontraba refugiado en ella, realizó espionajes para la CIA incluso en los momentos más delicados para el ciberactivista.
Los mensajes desvelados por El País dan buena cuenta de las actividades de esta pequeña empresa española, de Jerez de la Frontera, y de sus esfuerzos para captar todo tipo de información, ya fueran documentos, audios o videos y de llevar un control exhaustivo de las visitas que recibía el periodista australiano y del contenido de todas sus comunicaciones.
Un claro ejemplo de ello es lo que ocurrió el 21 de diciembre de 2017, cuando Assange recibió la visita de Rommy Vallejo, entonces jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia de Ecuador (Senain), para transmitirle información confidencial de gran importancia.
El Gobierno ecuatoriano y los abogados del periodista habían diseñado un plan que solo conocían seis personas para lograr sacar a Assange de la Embajada, otorgarle la nacionalidad ecuatoriana y un pasaporte diplomático.
Durante el encuentro le revelaron que la fecha de su salida sería tan solo cuatro días más tarde, el 25 de diciembre, y que la operación se llevaría a cabo en un coche diplomático del embajador para, a través del Eurotúnel, trasladarlo a Suiza u otro país europeo.
La reunión, a la que también asistía la abogada de Assange, Stella Morris y el cónsul Fidel Narváez, fue grabada en video y audio por los dispositivos de la empresa española UC Global.
Un día antes el jefe de operaciones de esa compañía, Michelle Wallemacq, ya había avisado a dos de sus técnicos de lo que había que hacer y de su importancia: «Estar atentos mañana a ver lo que podéis sacar… y que funcione todo». Notifica el mensaje que escribió.
Precisamente Vallejo era quien había contratado los servicios de esta empresa sin sospechar que su verdadera labor era el espionaje, a través de cámaras y micrófonos en cada rincón de la legación diplomática, y la venta la información recopilada a la inteligencia estadounidense.
Tras la reunión, uno de los técnicos reportó de los resultados al fundador de la compañía, David Morales. «Es muy tarde… lo he metido en un Dropbox compartido porque pesa muchísimo», decía sobre la forma de enviar la información y sobre su tamaño. «Alguien con experiencia en el campo de sonido puede hacer que se escuche para entenderse… Al Ecu [Vallejo] se le entiende bastante bien, pero los otros hablan muy flojos». Escribió sobre la calidad de su trabajo.
El material fue enviado esa madrugada a la inteligencia estadounidense y las consecuencias no se hicieron esperar. El día 22 de diciembre EE.UU. cursó una orden de detención contra Assange al Reino Unido y el plan de salida del país se tuvo que abortar.
El periodista australiano permanecería enclaustrado en la Embajada dos años más, hasta que fue expulsado de la sede diplomática por el Gobierno de Lenín Moreno y detenido por la Policía británica. En 2022 se ordenó su extradición a EE.UU., aunque a día de hoy todavía permanece en una cárcel de Londres pendiente de la resolución de los recursos de sus abogados. Washington pide para él 178 años de prisión por 18 presuntos delitos.
Antes de la reunión con el jefe de la Senain habían tenido lugar dos sucesos que cobran importancia vistos en perspectiva. Un asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador fue asaltado por varios encapuchados en el aeropuerto de Quito. Guardaba información sobre la posible salida de Assange y solo le sustrajeron el ordenador.
A miles de kilómetros de distancia, en Madrid, el 17 de diciembre también varios encapuchados asaltaron el despacho de los abogados Baltasar Garzón y Aitor Martínez en busca del servidor informático. Garzón y Martínez acababan de regresar de Londres de visitar a Assange.
David Morales es un exmilitar español que creó su empresa basándose en el modelo del grupo estadounidense Blackwater, conocido por aportar mercenarios a conflictos como el de Irak.
Durante años, a través de varios clientes norteamericanos, como el multimillonario Sheldon Adelson, fue tejiendo una red de contactos que lo llevaron a entablar relaciones laborales con la inteligencia estadounidense.
Ya 11 meses antes de la fallida evacuación de Assange del Reino Unido se tiene conocimiento de comunicaciones relacionadas con su labor de espionaje en la Embajada ecuatoriana. «¿Tenemos informes de situación de sistemas informáticos y redes de la Embajada? Necesito inventario de sistemas y equipos, teléfonos del huésped [Assange], número de redes», escribió a uno de sus técnicos. «Los que controlan son los amigos de USA». Indicó.
En junio de 2017, Morales pidió que se activara a distancia un servidor para un cliente norteamericano, denominado X. En Jerez de la Frontera habían instalado un servidor FTP y un portal web donde se acumulaba toda la información obtenida del espionaje a Embajada. Allí se podía acceder a los perfiles de los visitantes por nacionalidades, así como a los IMEI (identificadores únicos) de los teléfonos móviles que eran fotografiados.
También hay mensajes en los que Morales decía a sus empleados que «se había pasado al lado oscuro» y que «trabajaba en la liga de campeones».
Morales fue detenido por la Policía española en septiembre de 2019 después de que Assange presentara una querella por los delitos contra la intimidad, violación del secreto de las comunicaciones abogado cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.