«Iré de vacaciones a Colombia».
En los últimos días hubo varios cruces de declaraciones por las diferencias de criterio sobre los planes de seguridad entre los presidentes de Colombia y El Salvador.
Después de varios desencuentros a través de las redes con su homólogo colombiano Gustavo Petro, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que le gustaría tomar vacaciones en el país suramericano.
«Creo que iré de vacaciones a Colombia», escribió el mandatario salvadoreño como respuesta a un trino de Semana, medio opositor a Petro y al Pacto Histórico, que tituló su portada ‘El milagro de Bukele’.
«La impresionante historia de Nayib Bukele, el presidente que rescató a El Salvador. El éxito de su guerra contra la criminalidad y los choques con Gustavo Petro han logrado captar la atención de los colombianos», dice el sumario del artículo.
El más reciente altercado ocurrió la semana pasada, cuando Petro criticó la política carcelaria que impulsa su par salvadoreño. En respuesta al trino, Bukele aseguró que su homólogo tenía una «obsesión» con el país centroamericano y se refirió a su hijo, Nicolás Petro, quien es investigado por presuntamente recibir sobornos y dinero ilícito para la campaña de su padre.
A principios de marzo hubo otro intercambio de declaraciones. Petro afirmó en un acto público que las imágenes de jóvenes encarcelados en El Salvador se parecían a las de un campo de concentración, tras criticar la simpatía que le generaba a cierto sector de la sociedad ver a esas personas en las prisiones.
Bukele salió a defenderse desde su cuenta de Twitter: «Señor Gustavo Petro. Los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga», señaló.
Ambos mandatarios tienen políticas de seguridad diametralmente opuestas y la defensa de sus estrategias ha causado sus choques.
Bukele ha apostado desde 2019 a un controvertido de Plan Control Territorial, que busca desarticular a las pandillas y reducir la tasa de homicidios. Para ello, se decretó estado de excepción en marzo de 2022, lo que para algunas organizaciones y defensores de los derechos humanos suspende un porcentaje de los derechos constitucionales, facilita detenciones arbitrarias que no cumplen con el debido proceso y permite los malos tratos a los detenidos.
Petro, por su parte, trabaja en reformas en el sistema penal y judicial, con la finalidad de desarticular bandas delictivas, incluir beneficios para los presos y reparaciones para las víctimas. Además, el mandatario ha dicho que no construirá una cárcel más, porque su política apunta a la humanización y descongestión de los centros penitenciarios.