Parte de la ofensiva del nuevo gobierno contra personas que estarían vinculadas al destituido presidente Pedro Castillo.
Dina Boluarte, presidenta designada de Perú, dejó sin efecto el nombramiento de 312 subprefectos distritales en 23 regiones del país sudamericano, trascendió este lunes desde Lima.
Durante su mandato por elección popular, el presidente Pedro Castillo nombró, de acuerdo a la legislación local los subprefectos de los distritos de todo el país, motivo por lo cual son ahora señalados.
El Ministerio del Interior designado por el Congreso, tras una vacancia exprés de Pedro Castillo, justificó sus acciones sobre la base de que «estos funcionarios en lugar de responder a las directrices establecidas sobre las funciones del Subprefecto Distrital, en lugar de representar y defender al Estado, como señala la ley, tuvieron distintos grados de participación en las manifestaciones» populares, cuya represión se ha saldado con casi 30 muertos.
La propia cartera defendió la cesantía de los funcionarios públicos en los términos siguientes: “luego de recibir información de inteligencia sobre la actuación de estos subprefectos distritales designados por el expresidente Castillo, como organizadores, instigadores o participantes de las violentas protestas, se evaluó la situación de estos funcionarios y se prescindió de sus servicios”.
De acuerdo a la decisión administrativa, los ahora exsubprefectos deberán «entregar sus cargos y presentar sus declaraciones juradas de bienes y rentas, así como sus declaraciones juradas de intereses, con la finalidad de proceder a los procesos de fiscalización que corresponden».
La mayor parte de los 312 subprefectos cesados son de las localidades de Ayacucho (46), San Martín (34), Junín (33), Puno (31) y Cajamarca (19).
Boluarte, acusó la semana pasada los partidos de izquierda y a sus funcionarios electos y designados de estar «detrás del vandalismo», como denominó a las protestas populares cuya represión amparó con la declaración de un Estado de Emergencia por 30 días.