El escuadrón antidisturbios, funciona desde 1999 con el fin de apoyar a la policía nacional en situaciones críticas.
Henry Sanabria, mayor general de la Policía Nacional de Colombia, confirmó que se realizará una reforma de la institución, donde se incluirá el cambio de nombre y dinámica del cuestionado Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El mayor general, mencionó que se propondrá al presidente Petro y al ministro de Defensa, Iván Velázquez cambiar el nombre del Esmad por Unidad de Diálogo y Acompañamiento a la Manifestación Pública.
“Habrá unos cambios en los uniformes (de los grupos que contienen los disturbios). No son de tonalidad negra, cuentan con protocolos de atención primaria, como casco blanco y dispositivos visuales que no llaman al contacto sino a la tranquilidad”. Destacó Sanabria.
Sanabria indicó que existirán unos gestores de convivencia para intentar contener lo que ellos catalogan como disturbios, si esto no surte efecto, entraría a actuar el grupo de fuerza disponible. El Esmad es el último recurso. También se vigilará el uso correcto de las armas menos letales.
Varias organizaciones pro derechos humanos, denunciaron que la Unidad Antimotines de la Policía Nacional de Colombia es directamente responsable de abusos atroces durante las protestas de abril de 2021.
Por su parte, la plataforma digital colombiana Temblores y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) publicaron un registro a propósito de la represión ocurrida por el ESMAD durante el Paro Nacional en Colombia en el 2021.
Dicho informe subrayó que se reportaron 83 homicidios, 44 presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública, especialmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Al mismo tiempo, se registraron 96 víctimas de violencia ocular.
Asimismo, se denunció que al menos 35 personas fueron víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública. El 24 de febrero Temblores puntualizó que “manifestarse es un derecho constitucional. La protesta social no puede seguir siendo ahogada, aturdida ni reprimida. El Estado debe garantizar la seguridad y la vida de quienes se manifiestan”.
