El proceso judicial comenzó tras un recurso presentado contra CFK por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).
Diputados e intendentes argentinos denuncian la persecución judicial y política contra Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la nación en un caso por presunta corrupción.
Los diputados del gobernante partido Frente de Todos (FdT) criticaron con dureza en un comunicado difundido en Twitter, desde hace décadas, líderes populares son estigmatizados a partir de falsas denuncias, amplificadas en medios de comunicación que responden a grandes corporaciones y a sectores alineados con los intereses de los poderosos.
La nota censura la falta de independencia del poder judicial y su uso como mecanismo de presión y chantajes contra dirigentes políticos y sociales, en este caso, la vicepresidencia y la también titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluirán con el alegato acusador y pedirán las penas en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez, que tiene a Cristina Fernández entre los imputados.
El proceso judicial comenzó tras un recurso presentado contra CFK por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) y los jueces implicados en el caso buscan solicitar una condena en prisión para la exmandataria y su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Durante la era de la derechista Macri, la expresidenta (2007-2015) denunció ser víctima de una “persecución política y judicial” que buscaba, según ella, atemorizar y destruir a opositores políticos.
El partido Frente de Todos, mencionó que, aunque se modifiquen los nombres de jueces, fiscales nada podrá destruir la imagen popular que tiene la exmandataria entre los argentinos.
“Los impulsores de las falsas denuncias, el objetivo es el mismo: Afectar políticamente a una de las referentes más importantes del movimiento nacional y popular de la historia argentina”. Afirmó el partido Frente de Todos.
Por otra parte, más de 500 intendentes en toda Argentina expresaron su apoyo a Fernández, dicha persecución judicial contra la vicepresidenta constituye una práctica violatoria de los derechos humanos que, bajo el maquillaje de la aplicación de la justicia, pretende condicionar, invisibilizar y anular social y políticamente.
