Jair Bolsonaro, ofreció asilo político a Jeanine Áñez, condenada a diez años de prisión por la crisis en Bolivia en noviembre de 2019.
Gobierno de Bolivia tacha de “inadecuados” las declaraciones del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de ofrecer asilo a la exmandataria Jeanine Áñez.
Rogelio Mayta, ministro de Exteriores de Bolivia consideró inadmisible pensar en una situación en que Áñez pueda evadir la Justicia y aseguró que deben desarrollarse todos los procesos necesarios respecto al caso de Áñez.
Mayta, agregó que “Lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos, no respetan las formas de relacionamiento entre Estados”.
Mencionó el titular boliviano, que no aceptará ningún tipo de injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la Justicia boliviana, sobre todo, en el caso de Áñez quien está inmersa en un juicio por diversos cargos criminales, entre ellos, haber cometido graves violaciones de lesa humanidad.
Tras hacer referencia a los muertos durante protestas de 2019 por el orden de la exmandataria boliviana.
La expresidenta interina boliviana fue detenida inicialmente por el caso “golpe de Estado I”, por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración, del que luego se derivó el proceso “golpe de Estado II”.
El jefe de la Diplomacia boliviana indicó que su país trabaja para presentar un reclamo diplomático contra el presidente del Brasil.
Las declaraciones del canciller se produjeron tras las afirmaciones de Bolsonaro, quien ofreció un asilo político a Áñez, condenada a 10 años de prisión por su participación en el golpe de Estado de 2019 en Bolivia.
Brasil está poniendo en práctica el tema de las relaciones internacionales, los derechos humanos, a ver si trae a Jeanine Áñez, le ofrece albergue aquí en Brasil.
Áñez cumple una sentencia de una década de prisión luego de que un tribunal la encontrara culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, en el marco del golpe de Estado que sufrió el expresidente boliviano Evo Morales, en noviembre de 2019 y las protestas pos-golpe que dejó decenas de muertos en el país suramericano.