El Diario Nica

Dos semanas de protestas Sociales en Ecuador

A 2 semanas consecutivas de protestas sociales en Ecuador, donde algunas han sido fuertemente reprimidas, aún no se vislumbre posibilidad concreta de diálogo para solucionar las demandas populares.

Lamentablemente estas protestas han dejado un saldo de cuatro fallecidos y cerca de un centenar de heridos y detenidos, a causa de los enfrentamientos violentos, donde el uso de la fuerza policial y militar aumentó la indignación de los participantes en las marchas.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), convocó a paro nacional, el cual dio inicio el 13 de junio en varias ciudades del país, pero se extendió a partir de la detención de Leónidas Iza, presidente de la organización, en la provincia de Cotopaxi, quien fue liberado en medio de la presión popular, pero ya tiene un proceso pendiente.

La agenda de los indígenas presentada al gobierno, contemplaba 10 puntos, entre ellos están: no a la privatización de sectores estratégicos, atención y alivio para los pequeños productores en crisis económica, libre acceso a la universidad y presupuesto para la educación y la salud, alto a la minería ilegal, generación de empleo y ataque efectivo a la inseguridad.

La respuesta inmediata no fue el llamado a concertar acuerdos, sino un intento de pulseo para impedir el aumento del levantamiento, de acuerdo con analistas.

En 2019, el Gobierno enfrentó al pueblo en protesta con uso excesivo de la fuerza en jornadas ampliamente denunciadas dentro y fuera de esta nación andina, esta vez, ocurrió justamente lo mismo, las autoridades acudieron nuevamente a la represión para retraer las manifestaciones.

El pasado domingo, lugares históricos de concentración de movilizados, como la de Casa de la Cultura y el parque El Arbolito, fueron militarizados, estas autoridades hicieron uso de bombas lacrimógenas incluso en universidades habilitadas como centros de acogida y asistencia humanitaria, hechos que indignaron aún más a aquellos que por días han venido protestando por cambios en la política pública.

“La escalada represiva responde al uso progresivo de la fuerza aplicada por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, al amparo del estado de excepción, que rige en seis provincias del país”, advirtió al respecto en un artículo de opinión el periodista y analista Leonardo Parrini.

«el guion de esa trama local no difiere de lo ocurrido en otros países de América Latina, donde el libreto se pone en funcionamiento, con un primer momento de deslegitimación de la movilización en los medios de comunicación mediante la difusión de fake news concebidos por los servicios de Inteligencia y el ministerio del Interior». Sostiene Parrini.

Dado a lo antes expuesto, el diálogo que las partes definen como el mecanismo para poner fin al conflicto, pareciera ser una opción muy lejana, ante la escalada de la violencia y actos vandálicos ocurridos en el contexto de las protestas, de los cuales la Conaie se deslinda.

Cuando parecía que se podía dar un acercamiento entre las partes tras la entrega de Casa de la Cultura a los indígenas, en cumplimiento de una de las garantías pedidas para las conversaciones, nuevamente escaló la agresión contra una marcha pacífica, liderada por mujeres, en las inmediaciones de la Asamblea Nacional.

La jornada constituyó la más brutal desde el inicio del levantamiento, en el que participan campesinos, estudiantes, gremios de trabajadores, amas de casa, colectivos de mujeres y otros sectores sociales.

“Es urgente que nos activemos y se denuncie, mediante una campaña internacional, la grave situación que se vive en Ecuador, bajo un gobierno dictatorial”, estimó Yumac Ortíz, presidenta de la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia CPAZ.

Esa organización es una de las instancias que ha alzado la voz ante el panorama actual, sobre lo cual afirma: “Rechazamos la violencia del Estado ecuatoriano contra la justa protesta social. Día a día aumenta la cifra de muertos y heridos, denunciamos al mundo la sistemática violación de los Derechos Humanos en Ecuador por parte del gobierno neoliberal de Guillermo Lasso».